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Da
el diario El País la noticia de que el dueño
de una finca de inquilinos deja que se pudra, para echar a
cinco vecinos. Compró la finca hace diez años
y dicen que desde entonces no ha dejado de hacerles la vida
imposible. Tiene veinte viviendas pero en la actualidad sólo
cinco están ocupadas. Cuando se vacía una el
dueño tapia la puerta inmediatamente.
Comprar un edificio con inquilinos parece, a simple vista,
una inversión segura, con una rentabilidad aceptable.
Lo que ocurre es que en nuestros días el dinero ha
cobrado una importancia desmesurada y su simple posesión,
no importa cómo se haya conseguido, otorga prestigio
social. Quizá sea esto lo que hace que algunos de esos
compradores de fincas tengan prisa por verlas vacías.
Marina Parés viene hablando desde hace tiempo del acoso
inmobiliario. Parece ser que los acosadores inmobiliarios
son llamados asustaviejas en Andalucía. Visto el auge
que está tomando esa práctica, la Administración
debería tomar cartas en el asunto. Quienes compran
edificios con esa finalidad suelen conocer al dedillo la ley
y, por tanto, conocen hasta donde pueden llegar e incluso
qué leyes pueden vulnerar sin que los inquilinos se
enteren. Éstos, por su parte, pueden carecer de recursos
para consultar a un abogado y lógicamente de la motivación
para pleitear. No quieren ganar dinero, sino vivir en paz.
Por tanto, debería crearse un registro de todas las
fincas que se transmiten en estas condiciones. El comprador
debería recibir un escrito en el que se le notificara
que todo lo que hace en ese edificio está sometido
a inspección y que en el momento en que se le detectaran
actuaciones que demostraran de modo inequívoco su interés
en que el edificio se vacíe antes de lo previsto, como
tapiar las puertas de las viviendas vacías, ya debería
presentarse periódicamente ante un juez para jurar
que va a respetar los derechos de los vecinos restantes y
justificar documentalmente que cumple con su obligación
de mantener el edificio en buenas condiciones.
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