Rancagua, veintidós de noviembre de dos mil siete.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:
En el considerando 9° se troca la alusión al artículo 2319 del Código Civil por la de su artículo 2.329
Se elimina su considerando 12°
Y TENIENDO ADEMÁS Y EN SU LUGAR PRESENTE:
1°) Que por regla general y de acuerdo al artículo 2.329 del Código Civil, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.
Esta disposición no es sino la consagración legal del principio constitucional de igualdad ante la ley, que en la legislación laboral y dado el espíritu que la informa, debe merecer especial vigilancia de parte de los tribunales del ramo.
De este modo y resultando acreditado a través de las presunciones probatorias que emanan de las pruebas ponderadas por el ad quo en el fallo que se revisa, un sufrimiento síquico que no es literario motejar de prolongada agonía, si esta palabra de raíz griega no sólo expresa el sentido de la angustia y congoja del moribundo, sino que también equivale a una pena o aflicción extremada, situación ésta completamente equivalente a la de quien, sujeto a un vínculo de subordinación y dependencia, soporta un largo e intenso hostigamiento de parte de su empleador, evidenciable en extendidas licencias vinculadas directa o indirectamente a los fenómenos de salud subsecuentes, se hace necesario avocarse a la ingente tarea de graduar una cantidad compensatoria que, por una parte, sea representativa de la merma de salud producida y al mismo tiempo no constituya una mera arbitrarie dad que anime o posibilite el enriquecimiento injustificado del potencial beneficiario.
Tarea ímproba ha demostrado ser para los tribunales así se puede leer en la copiosa jurisprudencia y doctrina generales sobre el tema obtener un criterio indiscutible al respecto, debiendo desecharse a estas alturas de su evolución jurídica, el que alude a una cierta potestad prudencial que tendrían los jueces y al que se ha recurrido tal vez más a menudo de lo conveniente, ante lo cual se hace ineludible intentar la proposición de nuevos derroteros que acerquen a una solución compensatoria basada en hitos objetivos, que alejen la posibilidad del solo criterio del sentenciador, tan ajeno a nuestro sistema jurídico.
Esta Corte estima que, si dentro del espíritu del legislador laboral premunido de principios tan propios de esta disciplina éste ha resuelto fijar como tope máximo de una indemnización por término de servicios el equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración (artículo 163 inciso 2° del Código del Trabajo), a la cual se puede agregar otro mes de retribución por vía substitutiva (inciso 3° del mismo precepto) y que esta suma aplicable, en caso de invocarse mal una causal que afecta a la probidad del trabajador puede ser aumentada hasta en un 100% (artículo 168), en lo que representa la solución legislativa más asimilable al caso que nos ocupa que se mueve dentro del mismo marco de referencia subjetivo, a juicio de estos sentenciadores resulta posible inferir que, una vez dilucidado que la indemnización cuya determinación se pretende se refiere a una situación distinta a la terminación misma de los servicios (el mobbing no busca siempre la renuncia o término del vínculo, aunque así lo suponga el propio trabajador, porque puede bastarle al empleador el abatimiento o sometimiento moral de éste), una cifra similar que considere también esa misma funcionalidad de sus recargos, satisface en general los criterios de objetividad que se buscan y con asilo en la propia legislación expedida.
2°) Que en virtud de lo anterior y bajo los respectos y criterios ya informados, esta Corte regulará la suma indemnizatoria que la parte empleadora deberá pagar a la actora, en la cantidad de $4.411.515.
Dicha suma comprende los parámetros de una indemnización por causal de término contractual mal invocada y en caso de reiterada y grave infracción, trasladada al campo del daño subjetivo en materia contractual (en este caso, un mes de la última remuneración mensual completa acreditada y relativa al período que interesa: en autos, sólo la de abril de 2005 cumple dicho objetivo y alcanza a la suma de $191.805, fs.29, que multiplicada por 11 años computables y agregando otro mes para homologar lo substitutivo, más el 100% de recargo antes citado, permite arribar a la cantidad ya expresada).
3°) Que, con todo, estos sentenciadores consideran que teniendo cierta relativa novedad la materia debatida, no es posible extraer una conducta procesal audaz de parte de la empleadora, por lo que es de parecer no imponerle el pago de las costas, como lo hacía el a quo, y revocar el fallo parcialmente en esto.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 465 y 473 del Código del Trabajo, se declara:
Que se REVOCA la sentencia apelada de fecha 24 de septiembre de 2007, escrita de fs 64 a 69 vta., sólo en cuanto a través de su decisión II imponía a la parte demandada el pago de las costas, y en su lugar se resuelve que cada parte soportará las propias
Se CONFIRMA en lo demás el precitado fallo, con declaración que se rebaja la suma ordenada pagar en él por concepto de la indemnización ya anotada, a la suma de $4.411.515.
Acordada con el voto en contra del Fiscal Sr Farías, quien fue de parecer de revocar sin costas y en todas sus partes el fallo precitado, al estimar que en el caso sub lite no se encontrarían suficientemente demostrados los presupuestos básicos para aceptar el pago de la indemnización solicitada, toda vez que la prueba aportada al proceso no sería a su juicio concluyente en este sentido, siendo innecesario y por lo mismo entrar a debatir sus términos.
Se reitera una vez más al juez redactor que para lo sucesivo la forma de sus sentencias debe satisfacer las prescripciones vigentes sobre la materia, evitando en lo considerativo innecesarias y agotadoras transcripciones de la prueba rendida y en cambio omitiéndose los fundamentos que sostengan sus decisiones.
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Regístrese y devuélvase
Redacción del Ministro don Carlos Aránguiz Zúñiga.
Rol N° 224-2007.

Estracto de la sentencia de este extraordinario Juez chileno:

Se encuentra acreditado en el proceso que durante la relación laboral, a la actora le fueron extendidas diversas licencias médicas, las que comenzaron con un cuadro de bronquitis aguda, lumbociáticas y posteriormente trastornos depresivos. Que respecto de estas ultimas, especial atención merecen las resoluciones de licencia médica folio 2409, 2265, 1745, 1302 (rolante en autos a fojas 45, 46, 48 y 49 respectivamente) la primera por la licencia médica extendida desde el día 06 de marzo de 2006 al 04 de abril de 2006, cuyo diagnostico, señala Neurosis Laboral; la segunda resolución de licencia medica por la licencia extendida desde 09 de febrero de 2006 al 23 de febrero de 2006 cuyo diagnostico del medico, señala Trastorno de Pánico; la tercera resolución de licencia médica por la licencia extendida desde 25 de enero de 2006 al 08 de febrero de 2006 cuyo diagnostico medico señala Depresión Mayor; y por último, la cuarta resolución de licencia médica, por la licencia extendida desde 10 de enero de 2006 al 24 de enero de 2006, cuyo diagnostico médico señala Trastorno de Pánico.

MAS ADELANTE AGREGA:

En lo referente a las licencias médicas presentadas por la actora, es necesario hacer presente que el acoso laboral puede atentar contra distintos bienes jurídicos del trabajador distintos a su integridad física y psíquica, como por ejemplo, contra su honor, su vida privada, su derecho a no ser discriminado etc, o no causarle necesariamente una incapacidad o invalidez que origine el derecho a las prestaciones de la Ley 16.744. en cuyo caso el trabajador puede recurrir al Tribunal con el objeto de solicitar se le indemnicen los perjuicios ocasionados dentro del marco de una relación laboral plenamente vigente, o sea, prestando aun el trabajador servicios para el empleador, como ocurre en el caso sub-lite.

CONTINÚA SEÑALANDO:

por lo cual, resulta plenamente valido si el empleador a causado “daño moral” al trabajador, en el marco de una relación laboral, por incumplimiento de su obligación de protección de la vida y salud de sus empleados, puedan estos hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador y consecuentemente solicitar la indemnización por daño moral en el marco de la responsabilidad contractual laboral.

Fallo Integro