PABLO MELÉNDREZ

La administración de fondos públicos implica, básicamente, tomar
decisiones. Y muchas veces, aunque se busque mejorar la gestión para
disminuir el gasto de dinero que aporta la ciudadanía, hay personas
que se sienten perjudicadas por esas resoluciones. Eso pasa, por
ejemplo, con los funcionarios públicos cuando se decide un traslado o
un cambio en su función.

En esas situaciones, quien se siente dañado por una decisión adoptada
por un organismo oficial, tiene la posibilidad de recurrirla mediante
un juicio que se desarrolla ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (TCA).

La Intendencia Municipal de Canelones (IMC) fue demandada ante el TCA
a causa de una resolución dictada en julio de 2006, por la cual el
director general de Asistencia a la Salud y Control Sanitario dispuso
el traslado de una médica de la Junta Local de Santa Lucía a la
Gerencia del Sector Promoción de la Salud de la Junta de Las Piedras.

La decisión se tomó por razones de "mejor servicio", aunque no se
especificaron los motivos. La médica alegó que lo resuelto por la IMC
es ilegal ya que se decidió de manera imprevista. También adujo que es
quien tiene mayor antigüedad en el servicio presupuestado, pero aún
así se resolvió trasladarla a ella, por lo que no solamente se vulneró
su derecho al cargo, sino también su carrera administrativa.

Según la demandante, el traslado violó varios artículos del Estatuto
del Funcionario de la IMC. A su vez, planteó que se incumplió el
principio de la "justa remuneración", establecido en el artículo 54 de
la Constitución, ya que a consecuencia de que el nuevo destino que se
le asignó, se le generaron gastos extras por concepto de traslados, lo
que disminuyó sus ingresos.

Por su parte, la IMC, al contestar la demanda, defendió la legalidad
de la resolución. Señaló que el traslado no afectó el cargo, el grado
ni la carrera administrativa de la médica. La comuna sostuvo que el
cambios del destino de la médica fue consecuencia del cierre de una
guardería municipal donde prestaba funciones anteriormente.

En su fallo, el TCA dio la razón a la funcionaria, y anuló el
traslado. La sentencia explica que la comuna no logró demostrar en la
resolución por qué motivo se le asignó a la funcionaria "tareas en una
localidad diferente (Las Piedras) a la que corresponde al cargo que
ganó por concurso (Santa Lucía)". "No fueron explicitados los motivos
de la decisión, no siendo suficiente invocar razones de mejor
servicio", consideró el TCA para anular la decisión municipal.

Al filo de la ley
Traslado anulado
ficha

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Fecha: 24 de septiembre de 2009

Redactor: D. Preza

Firmantes: E. Harriague, E. Lombardi, M. Sassón y J. Monserrat.

Situación: médica de la Intendencia de Canelones reclamó la ilegalidad
de su traslado.

Fallo: anuló el traslado, al considerar que la resolución del
municipio no fue fundamentada y causó un perjuicio a la profesional.

El País Digital