En Barcelona, a 11 de febrero de 2004.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente SENTENCIA núm.1125/2004.
En el recurso de suplicación interpuesto por Claudio frente a la Sentencia del Juzgado Social 28 Barcelona de fecha 23 de Abril de 2003 dictada en el procedimiento Demandas nº 140/2003 y siendo recurrido/a VALEO ILUMINACION SA y MINISTERIO FISCAL. Ha actuado como Ponente el/la Ilmo. Sr. FELIPE SOLER FERRER.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 20-2-03 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Tutela de derechos fundamentales, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 23-4-03 que contenía el siguiente Fallo:
"Que, desestimando, íntegramente, la Demanda interpuesta por Claudio , contra Valeo Iluminación, S.A. sobre vulneración de derechos fundamentales, con reclamación de daños y perjuicios, debo absolver y absuelvo a la parte demandada".
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
1.- Claudio , mayor de edad, vecino de Barcelona, CALLE000 , nº NUM000 , con Categoría Profesional de Grupo 3, con Antigüedad en Valeo Iluminación, S.A. desde el día 5 de marzo de 1969, con Salario mensual, incluido el prorrateo de pagas extraordinarias, de 2.086 Euros, con DNI nº NUM001 , trabajó para la Empresa con dichas circunstancias.
2.- El actor es miembro del Comité de Empresa y de la Sección Sindical de la C.G.T.
3.- En Acta de 17 de septiembre de 1986, el Cap de Servei Territorial de Treball de la Generalitat de Catalunya, a denuncia del actor, acordó:
1) Requerir a la empresa para que cumpla en sus propios términos el art. 39 de la Ley 8/1980 de 10 de marzo en relación con el art. 4.1.2 a) de la misma disposición dando trabajos propios de su categoría de Oficial 1ª Administrativo al trabajador Claudio .
2) Requerir a la empresa para que, de forma inmediata presente solicitud de modificación de horario a tenor de lo establecido en el art. 41 de la Ley 8/1980 de 10 de marzo.
4.- Por Resolución del Departament de Treball, de 10 de junio de 1991, no se autorizaron unas modificaciones de condiciones de trabajo que había solicitado la Empresa, respecto de Asunción y del actor, lo que se confirmó tras desestimar el Recurso de Alzada.
5.- La Confederación General del Treball remitió escrito a la Dirección de la Empresa, a 6 de abril de 1992, acusándola de discriminación sindical del actor.
6.- La Inspección Provincial de Trabajo, a 20 de mayo de 1992, requirió a la Empresa de unos pagos pendientes a ambos trabajadores.
7.- En Resolución de 15 de junio de 1992, se recogió que la Empresa se comprometió a dar ocupación efectiva a ambos trabajadores.
8.- A 29 de julio de 1992, otra Resolución recogió que el actor había sido devuelto a su lugar de origen, tras un cambio geográfico anterior.
9.- A 19 de junio de 2001, otra Resolución requirió a la Empresa para que encomendare al actor la realización de las auditorías de carácter administrativo relativas al almacén, de transporte y de procedimiento que venía realizando, y que se le facilitaran los medios necesarios para poder hacerlo.
10.- A 16 de diciembre de 2002, ante el Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, la Empresa ofreció al trabajador la reposición en su lugar de trabajo en las mismas condiciones, a partir del día siguiente, en Acta de Conciliación con Avenencia.
11.- Por Sentencia de 31 de mayo de 2000, del Juzgado de lo Social nº 25 de Barcelona, se anuló un traslado de centro de trabajo acordado por Valeo Térmico, S.A., que no es la Empresa aquí demandada.
12.- A 8 de febrero de 2001, la Empresa manifestó a la Inspección de Trabajo estar dispuesta a restituir al actor un correo electrónico, siempre que no lo utilizare para fines personales, sindicales o no profesionales.
13.- A 1 de abril de 2003, el actor sufría depresión post-traumática medicada, originada en la conflictividad laboral general existente en su Empresa.
14.- Por Sentencia de 16 de diciembre de 2000, del Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona, se declaró el derecho del actor a percibir unos complementos, condenando a la Empresa a abonárselos.
15.- El día 14 de febrero de 2003, la empresa alcanzó unos Pactos con la representación de los trabajadores.
16.- Por Resolución de 17 de febrero de 2003, el Departament de Treball autorizó a la Empresa 254 rescisiones contractuales, incluida la del actor, tres días antes de la interposición de la Demanda.
17.- Por Sentencia de 14 de diciembre de 1994, del Juzgado de lo Social nº 7 de Barcelona, se absolvió a la Empresa de vulneración de derechos fundamentales del actor, lo que confirmó la Sala.
18.- Por Sentencia de 20 de julio de 2001, del Juzgado de lo Social nº 15 de Barcelona, se estimó una Reclamación de Cantidad del actor frente a la empresa; por otra del nº 32, de 13 de marzo de 2001; otras se desestimó por el nº 11, a 31 de octubre de 1996; otra, por el nº 13, a 26 de septiembre de 2002.
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda interpuesta en materia de tutela de derechos fundamentales, con reclamación de indemnización de daños y perjuicios por vulneración de aquéllos, se alza en suplicación la representación letrada del trabajador demandante, cuyo recurso impugna la empresa demandada, interesando su desestimación.
Se articula el recurso por el trabajador demandante en base a dos tipos de motivos: en primer término, al amparo de la letra b) del articulo 191 del R. D. Legislativo 2/1995, de 7 de Abril, por el que se aprueba el T. R. de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), se pretende la revisión de los hechos declarados probados; y finalmente, al amparo de la letra c) del mismo precepto procesal, se alega infracción de las normas que se cita.
Al respecto de la modificación de los hechos declarados probados debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacífica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico; 2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos; 3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia; 4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad; y 5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.
Sentado lo anterior debemos pasar a analizar las pretensiones concretas. En el único motivo de revisión fáctica se solicita que se modifique el hecho declarado probado 13º, en el que se expresa que "A 1 de abril de 2003, el actor sufría depresión post-traumática medicada originada en la conflictividad laboral general existente en su empresa", proponiéndose redacción alternativa apoyada en los documentos e informes médicos que se citan en el recurso. Pretensión modificatoria que no ha de merecer favorable acogida. De una parte porque la narración fáctica discutida encuentra sustento probatorio en diversos elementos de prueba: así, el informe pericial médico de la propia parte actora (folios 119 y ss.), fechado a 1 de abril de 2003 y citado en el recurso, refiere el padecimiento de una depresión postraumática originada en la conflictividad laboral, mientras que otros informes médicos, igualmente citados en el escrito de recurso, indican que el actor se halla afecto de un síndrome depresivo reactivo cronificado en relación con una situación conflictiva a nivel laboral (folios 112, 113, 117 y 118). Dichos elementos probatorios no revelan el pretendido error del Juzgador "a quo" en la apreciación probatoria, sin que pueda prevalecer la personal interpretación de la parte recurrente, acerca del sentido y alcance de dichos medios de prueba, sobre la convicción judicial, a menos que resulte inverosímil, absurda o contradictoria, lo que no sucede en el presente caso. Por otra parte, ninguno de los documentos en que se sustenta la tesis revisoria evidencia que la baja médica causada por el actor en 23/4/2002 (alta en 17-5-2002), por causa de depresión (vid. folio 111), tenga conexión con esa situación laboral conflictiva, pues aquéllos sólo hacen referencia a la conexión existente entre la baja médica por incapacidad temporal de febrero de 2003 y la problemática laboral.
SEGUNDO: El fondo de la decisión judicial es combatido por el recurrente en su segundo motivo de suplicación, amparado en el Apdo. c) del artículo 191 LPL, en el que acusa que la sentencia dictada por el Juzgado infringe lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Española, en relación con los artículos 2.1 d) y 12 de la Ley Orgánica 11/1985, de libertad sindical, así como de los Apdos. b), c) y e) del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores.
Este motivo de censura jurídica se estructura en dos apartados. En el primero se aduce la ausencia de motivación de la sentencia, acusándose infracción del artículo 97.2 LPL. Con tal denuncia olvida la parte recurrente que al amparo del invocado Apdo. c) del artículo 191 LPL no es dable denunciar la infracción de normas procesales o adjetivas, pues claramente el precepto se contrae a normas sustantivas o de la jurisprudencia, por lo que el supuesto defecto de falta de motivación de la sentencia debió denunciarse por la vía procesal del Apdo. a) de dicho precepto procesal, solicitando expresamente la declaración de nulidad de actuaciones y el dictado de una nueva sentencia ajustada en su fundamentación a las exigencias legales y constitucionales. En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales garantizada desde la perspectiva constitucional, es que aquéllas se han fundado en derecho y no constituyen un acto de mera voluntad del juzgador, excluyendo así el arbitrismo judicial y posibilitando el correspondiente control de tales resoluciones, no siendo exigible en la motivación judicial de las sentencias una contestación explícita y pormenorizada a cada una de las alegaciones que fundan la pretensión contenida en demanda, bastando una respuesta global o genérica, aunque omita alegatos secundarios, comprensiva de los que vertebran el razonamiento de las partes. En el presente caso, es cierto que la sentencia de instancia, en su argumentación jurídica, puede tildarse de confusa y desordenada, pero no lo es menos que ofrece respuesta a las cuestiones planteadas por las partes, por lo que cabe aceptar su motivación como suficiente, se comparta o no su criterio y guste o no su forma de expresar el discurso jurídico. Todo ello sin perjuicio, obviamente, de que las argumentaciones y conclusiones jurídicas de la sentencia de instancia, anómalas e incorrectas a juicio del recurrente, puedan ser objeto de control y revisión jurisdiccional en vía de recurso de suplicación a través del cauce procesal del Apdo. c) del artículo 191 de la ley procesal laboral.
TERCERO: En el segundo apartado de este motivo se aduce la existencia de una actitud de hostigamiento, acoso y/o postergación continuada del actor, representante de los trabajadores, por parte de la empresa recurrida, que ha terminado generando un síndrome ansioso-depresivo que ha motivado la incapacidad temporal prolongada del trabajador y la necesidad de seguir tratamiento médico.
La doctrina entiende por acoso moral o mobbing toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice de forma sistemática sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. Por tanto, debe tratarse de una conducta sistemática, repetitiva y reiterada que, eso sí, por su duración en el tiempo puede atentar contra la dignidad o integridad de la víctima. No debe considerarse por ello acoso moral (mobbing) los ataques puntuales y de duración limitada, que tienen otras vías para ser sancionados o erradicados. Asimismo, es preciso para que estemos ante acoso moral, que la conducta abusiva del empresario, u otro trabajador de la empresa, ponga en peligro el empleo y denigre el puesto de trabajo del trabajador igual, inferior o superior agredido.
Ahora bien, es necesario delimitar lo que constituye acoso y lo que son las tensiones ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas, de las que no puede decirse que se encuentre exenta el entorno laboral, si tenemos en cuenta el permanente dinamismo con que se desenvuelve el trabajo en general y que genera por sí mismo tensiones físicas y psíquicas, desencadenantes de padecimientos para el trabajador en atención a la propia sensibilidad que pueda tener. Pues debe tenerse claro que postular unas relaciones profesionales impolutas sería tanto como demandar quimeras. De este modo, no todas las situaciones que revelen un conflicto entre un trabajador y su superior jerárquico o entre trabajadores de igual categoría han de calificarse, sin más, como acoso moral; es decir, no toda manifestación del poder empresarial, aunque se ejerza de forma abusiva, puede calificarse como acoso moral, sin perjuicio, obviamente, de que tales prácticas abusivas encuentren respuesta a través de otras vías previstas legalmente. Para recibir la consideración jurídica propia de acoso, ha de envolverse la actuación empresarial desde el prisma de una presión que ha de ser maliciosa y con cierta continuidad en el tiempo, con claro objetivo degradante para la personalidad del trabajador afectado por la conducta. Elementos que por sí fueron puestos de manifiestos en la STSJ de Castilla-La Mancha de 28 de mayo de 2002. Estos son, en definitiva, situaciones fácticas coyunturales que determinan el análisis y carga de prueba que sustente toda acción que tienda a la declaración del acoso moral y extraer, por ello, las consecuencias jurídicas apropiadas.
CUARTO: Por tanto, no es parangonable el acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, pues mientras que con éste el empresario suele simplemente buscar por medios inadecuados un mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con el acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador socavando su personalidad. El interés organizativo de la empresa no se presenta en primer plano, pues resulta obvio que la existencia de un clima hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la utilización del trabajador en actividades inútiles, irrealizables o repetitivas. Por tanto los motivos que inducen al empresario a emplear arbitrariamente sus potestades directivas son distintos de los que mueven al sujeto activo del acoso moral a hostigar a la víctima. Y esta diferencia será la que permita distinguir los dos planos diferenciados de protección legal frente a estas conductas. Así frente al ejercicio arbitrario del poder empresarial, no estando comprometidos otros posibles y distintos derechos fundamentales, cabrán las respuestas que proporciona la legalidad ordinaria, mientras que frente al acoso la respuesta la obtendremos del artículo 15.1 de la Constitución Española por constituir un atentado al derecho a la integridad moral. Pero también ejercicio arbitrario del poder empresarial y acoso moral se diferencian por el perjuicio causado. En el primer caso pueden verse afectados los derechos laborales sobre lugar, tiempo, modo y contraprestación por el trabajo, en el segundo su integridad psíquica, su salud mental. Esta diferencia exige por tanto la práctica de medios de prueba distintos y así quien invoque padecer acoso moral no basta con que acredite posibles arbitrariedades empresariales ejerciendo su poder directivo, sino que es preciso demuestre que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o en su caso como sujeto tolerante del mismo era perjudicar la integridad psíquica del trabajador o desentenderse de su deber de protección en tal sentido. Y, asimismo, que se le han causado unos daños psíquicos.
QUINTO: En el presente caso, del examen de los hechos probados de la sentencia discutida, no se desprende la existencia del hostigamiento o acoso moral denunciado por la parte actora, pues sólo se deduce de los mismos que el actor, empleado en la mercantil demandada desde 1969, miembro del Comité de Empresa y de la Sección Sindical de la C.G.T., ha planteado numerosas acciones frente a la empresa, tanto ante la Inspección de Trabajo, como ante los Juzgados de lo Social, obteniendo en ocasiones resoluciones conforme a lo postulado en sus acciones, mientras que en otras ocasiones sus pretensiones fueron desestimadas. Dicho cúmulo de acciones frente a la empresa, indicativo de una importante actividad sindical del recurrente, no tiene en principio por qué repercutir en el estado psicológico o mental del trabajador, ya que se efectúa como prerrogativa que está recogida en el artículo 24.1 de la Constitución como derecho e interés legítimo de toda persona de obtener la tutela efectiva de jueces y Tribunales. La existencia de conflicto reiterado entre la empresa y el trabajador, manifestada por esos litigios judiciales y denuncias ante la Inspección de Trabajo, no constituye por sí solo prueba de discriminación o acoso del trabajador. El hecho de que la empresa haya aceptado una conciliación, en procedimiento sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo núm. 858/2002 del Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona, aceptando reponer al trabajador en su lugar de trabajo en las mismas condiciones, como la desestimación, por Sentencia de 17 de febrero de 1994 del Juzgado de lo Social núm. 7 de esta ciudad, de una demanda del trabajador sobre tutela del derecho fundamental de libertad sindical, constituyen indicios contrarios a una conducta agresora por parte de la empresa y el hecho mismo de que el demandante haya acudido con frecuencia en defensa de sus derechos a la jurisdicción o a la Inspección laboral es indicio de que su voluntad no se encuentra doblegada. Y si bien es cierto que a 1 de abril de 2003 el trabajador aquejaba una depresión post-traumática, originada en la conflictividad laboral, no hay datos fácticos que permitan desvincular su situación con la conflictividad general existente en la empresa, afectada por un expediente de regulación de empleo que culmina con Resolución del Departament de Treball autorizando a la empresa a rescindir 254 contratos de trabajo, entre ellos el del actor, dictada en 17 de febrero de 2003, tres días antes de la interposición de la presente demanda.
En definitiva, no es suficiente a los efectos analizados con la constatación de un "conflicto" en la relación laboral, sino que es preciso que se manifieste una gravedad en los hechos y un significado de éstos inequívocamente enfocado al acoso del trabajador, requisitos que no se dan en el supuesto examinado, lo que determina la desestimación del recurso y consiguiente revocación de la resolución recurrida.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Claudio contra la Sentencia de 23 de abril de 2003, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 28 de los de Barcelona, en autos núm. 140/2003, promovidos por aquél contra la empresa "Valeo Iluminación, S.A.", siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre tutela de derechos fundamentales, y en su consecuencia confirmamos dicha resolución en todas sus partes. Sin costas.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.