Por Irina Hauser

Hostilidad, maltrato, desprecio, amenazas, persecuciones e insultos. Nombramientos clientelares, disparidad de salarios, concursos espurios, hacinamiento, tareas denigrantes, empleados condenados a no hacer nada y abusos. Son sólo algunas de las situaciones que los expertos definen como “violencia laboral” y señalan como un fenómeno sistemático dentro de la administración pública. Hasta ahora las víctimas de estos ataques no tenían dónde denunciarlos. Desde mañana podrán recurrir a una oficina especializada que inaugurará la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) y que analizará los casos junto con la asociación civil Instituciones Sin Violencia.
“¿Cómo pretenden luchar contra la corrupción si las instituciones estatales están edificadas sobre violencias de toda índole? ¿Cómo esperar soluciones eficaces si la violencia viene de quienes deben cumplir y hacer cumplir las leyes?” El planteo lo hizo la socióloga Diana Scialpi en unas jornadas sobre corrupción en las que exponía el actual titular de la FIA, Manuel Garrido. Scialpi es la presidenta de Instituciones sin Violencia y autora de una exhaustiva investigación sobre el tema. Aquel contrapunto con el fiscal dio frutos. El organismo abrirá un despacho para recibir denuncias y orientar a las víctimas de acoso laboral en el Estado.
La responsable de la oficina será la fiscal Marta Rava. “Cuando sea posible, propiciaremos una mediación, si establecemos que hay algún delito impulsaremos su sanción judicial y si advertimos irregularidades administrativas indicaremos la apertura de un sumario en el organismo donde hayan sido cometidas”, explica Rava a Página/12. “Queremos desactivar la violencia en los lugares de trabajo y alentar que la gente denuncie. También les brindaremos asistencia psicológica”, detalla. El ámbito de acción de esta fiscalía no comprende al Poder Legislativo ni al Judicial, está concentrado en la administración nacional.
“La violencia dentro de las organizaciones –señala Scialpi– tiene efectos devastadores: afecta la salud física y mental de los servidores públicos, pervierte los resultados de la gestión pública dañando así a todos los ciudadanos, vulnera los derechos humanos y el estado de derecho, aparece como modelo autorizado de gestión y es condición necesaria para instalar la corrupción en el Estado.” Los estudios que reconocen la violencia en el trabajo como tal son muy recientes. El primer informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema data de 1998. Define que se trata de “conductas recurrentes, no episódicas ni únicas” que comprenden “maltratos físicos y psíquicos”. La OIT habla de “acoso laboral” y mobbing, o terror psicológico.
“En la Argentina todavía sigue vigente el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector público que identifica la violencia laboral sólo con el acoso sexual hacia las mujeres. Pero eso es reducir el problema. El acoso sexual es una de las modalidades, pero no la única”, dice Scialpi. En su investigación, publicada en el libro Violencias en la Administración Pública, la socióloga describe más de treinta formas de violencia laboral que se encuentran arraigadas en el Estado, consolidadas y consentidas, pero que todavía permanecen poco visibles.
Para Scialpi, violencia laboral puede ser que a un empleado se le impongan trabajos humillantes o que se lo deje sin tareas y se lo aísle, que se lo ridiculice o menosprecie o amenazarlo con el despido, pero también lo son los regímenes de privilegio, la inequidad salarial y los recortes de sueldo por decreto, la cooptación de cargos por medio de intimidaciones (para desplazar a los concursados y designar a otros a dedo), obligar a los profesionales a hacer cursos de capacitación por debajo de su nivel o negarle licencia a una mujer porque su hijo nació muerto. Las condiciones degradantes de trabajo son otro asunto clave para la experta. “El 70 por ciento de los organismos viola las normas de salud y el 50 por ciento de ellos carece de un servicio de higiene y seguridad pese a que están obligados por ley”, apunta.
Entre 2002 y 2004 se sancionaron cuatro leyes contra la violencia laboral en el empleo público en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán y Jujuy. Scialpi colaboró en la confección de algunas de ellas. Están destinadas a dar protección a los trabajadores, tipifican los distintos tipos de maltrato y prevén sanciones que van desde multas hasta la exoneración de los victimarios. Aun así, dice la experta, hay un escenario difícil de revertir porque existe un “desamparo institucional aprendido”. A veces el acoso laboral pasa incluso inadvertido como tal para los propios empleados, acostumbrados a soportarlo para conservar su puesto. O no lo denuncian por miedo y falta de protección. O porque es difícil probarlo. “Además, la mayoría de las situaciones de violencia laboral permanecen impunes porque no son consideradas delitos sino irregularidades administrativas”, añade. La fiscal Rava propone entenderlas también como “injuria laboral”. “La nueva oficina –agrega Scialpi– podrá ayudar a visibilizar este problema del cual poco se habla, a proteger a la gente y determinar seriamente cuando hay un delito. Instituciones sin Violencia analizará los casos, pero será la FIA la encargada de garantizar que las denuncias lleguen a algo”.