El II Congreso sobre la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública ha generado polémica. Los medios de comunicación lo han referenciado desde la anécdota y las presiones han aflorado. Desde un sentido de la urgencia, el autor plantea las primeras conclusiones de este encuentro de profesores, estudiantes y Personal de Administración y Servicios (PAS).

Durante siete años (los tres de actividad previa al primer congreso en 2002 y los cuatro últimos hasta la realización de la segunda edición), un equipo de personas hemos analizado los casos de corrupción que se dan en la Universidad pública española y no son pocas las conclusiones que hemos extraído.

Corrupción y acoso, por lo general, van unidos a la casuística universitaria. Es decir, no existe la figura del ‘corrupto simpático’ o delincuente popular tipo Robin Hood. Al contrario, se trata siempre de personas ambiciosas en extremo, sin ningún tipo de empatía por el prójimo, tendentes al abuso reiterado de poder y capaces de cualquier crueldad. En esta tesitura, por tanto, la persona corrupta acosa sin piedad a todos aquellos testigos no participantes de sus corruptelas y, por añadidura, a cualquier persona mínimamente creativa, honrada o con un mínimo de conciencia personal o profesional.

Los casos de corrupción son tremendamente complejos; ello se debe a los múltiples recursos financieros a que da acceso la vida universitaria y al poco control sobre los mismos. Además, se dispone de un marco legal claramente insuficiente para perseguir la corrupción ya que las leyes, quizá malentendidas bajo el pretexto de la ‘autonomía universitaria’, garantizan la impunidad de quien corrompe.

La situación de corrupción en la asignación de plazas en la universidad pública española no es, en absoluto, nueva. Se remonta quizá a sus orígenes y, como muestra, disponemos de un artículo impagable del mismísimo Ramón y Cajal en el que opina que “la situación no tiene manera de ser arreglada”.

Profesorado sin educación

A pesar de los resultados que, de vez en cuando, aparecen en la prensa, la universidad pública española tiene una cantidad elevada de profesores mediocres que han accedido a su plaza por recomendación, que han concursado en solitario o, cuando ha habido otros candidatos, a éstos se les ha hecho la vida imposible y todo tipo de trampas para que abandonaran.

Un detalle que se ha abordado en el congreso es la ausencia de educación en muchos profesores que ocupan cargos en la universidad. Ello hace que muchas personas externas que han mantenido contactos con docentes se hayan sorprendido al constatar la poca catadura moral de los mismos, ya que por ser profesores de universidad les atribuían unas cualidades que la realidad ha desmentido.

A ello se suma la estructura y el funcionamiento de la universidad en la actualidad, violentos per se. No se parece en nada a la idea bucólica de ‘academia’ que posiblemente existe en la mente de la ciudadanía.

Funciona mediante mayorías de intereses particulares, chantajes y coacciones, lealtades basadas en códigos de silencio y, en definitiva, como los juegos de poder (propios de los partidos políticos). De nada o de bien poco sirve a un afectado por la corrupción o a una víctima del acoso universitario acudir a los tribunales. Existen sentencias que sorprenden al más elemental sentido común y que se basan, como se ha reiterado en el Congreso, en un marco legal insuficiente.

Incluso en el caso de una sentencia desfavorable (como por ejemplo anular un concurso público por mala actuación de la comisión de evaluación) la universidad tiene sobrados recursos para eludirla (por ejemplo, convocar de nuevo el concurso con la misma comisión).

Hay un grupo particular entre las víctimas de las injusticias en la universidad: los llamados ‘idealistas científicos’. Estas personas tienen un perfil bienintencionado, dedicado totalmente a la ciencia, y que investigarían incluso en las condiciones más precarias. Sin embargo, estas personas son las más frágiles cuando descubren casos de corrupción, porque todo su esquema mental se desmorona. De este modo tan sencillo, aparecen cuadros graves de depresión, de negación de la realidad y se puede llegar al suicidio.

Hay otro grupo particular de víctimas acosadas, mucho más resistentes inicialmente al acoso, que, por esta capacidad de resistencia, reciben un trato mucho más brutal. Estas personas suelen hundirse tras largos procesos de atosigamiento en los que se producen las agresiones más insólitas.

Ningún rector de universidad puede hacer nada contra la corrupción y el acoso porque debe su cargo a claustros que, precisamente, se han formado a partir de estructuras de votos cautivos (personas que han tenido que votar a su jefecillo). Por tanto, los rectores no son más que títeres que no pueden tomar ninguna medida anticorrupción (al día siguiente de tomarla se enfrentarían a una moción de censura). Ante un caso de corrupción las directivas del Rectorado son normalmente tres: investigar a quien denuncia el caso (más que al caso denunciado), evitar que cualquier noticia trascienda a la sociedad y, finalmente, como se dice en el argot de los rectores, “esperar que amaine la tormenta”.

Así las cosas, la resolución del problema de la corrupción y el acoso en la universidad pública pasa, en principio, por constituir una plataforma de resistencia. Un grupo al que toda persona afectada o víctima pueda dirigirse a pedir ayuda o asesoramiento. Y un grupo que lleve un inventario de casos y reclame su resolución por parte de las autoridades. Un grupo perenne. Si viviéramos en otro país, probablemente tendríamos toda la ayuda estatal. En España hay demasiada gente con poder interesada en que la corrupción (de muchos tipos diferentes) nunca se investigue.

Endogamia universitaria

Los investigadores Laura Cruz Castro, Luis Sanz y Jaime Aja, de la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, presentaron el pasado junio un estudio sobre trayectorias profesionales de profesores e investigadores en la Universidad pública española. Las conclusiones: el 70% de las oposiciones las gana un candidato que concurre en solitario, y en el 96% de los casos es un profesor que ya trabaja en el departamento que saca a concurso la plaza. El informe- basado en una encuesta a 2.588 investigadores (2.350, profesores titulares de universidad)- reveló la escasa competencia para acceder a funcionario.

Diagonal, 09/11/06