Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-01-29

“Hay personas que experimentan reacciones psicóticas las cuales les hacen volverse en contra de su benefactor”, de esta manera resumió la acusada Teresa Casals a la representante del Ministerio Fiscal, cuál era la actitud de la trabajadora de Carreteras de Lleida que le denunció por mobbing cuando la imputada ejercía de jefa del Servei Territorial de Carreteres de Lleida.

Teresa Casals se sentó en el banquillo (Sílvia Bútia)

Casals se sentó ayer en el banquillo de los acusados imputada por ejercer un presunto acoso laboral a una trabajadora a su cargo desde 1996 hasta 2005. El Ministerio Fiscal solicitó una pena de un año y medio de privación de libertad y 4.000 euros de indemnización a la víctima. Por su parte, la acusación particular que representa los intereses de la perjudicada solicitó en un principio una pena de prisión entre dos años y medio y cinco años así como 140.000 euros de indemnización.
La acusada respondió a las preguntas del Ministerio Fiscal exculpándose y negando haber acosado a la trabajadora en cuestión. “Cuando me denunció la sorpresa fue mayúscula es a día de hoy y no la entiendo porque he dedicado a esa señora más tiempo que al resto”, aseguró con tono calmado la acusada. Luego llegó el turno de que el abogado de la víctima le hiciese el pertinente interrogatorio. Casals ni siquiera le dio una mínima oportunidad y hasta en dos ocasiones aseguró: “No contestaré sus preguntas”. El abogado de la Generalitat, el cual también defendía a la jefa y no a la víctima y a la vez trabajadora de la administración, decidió no intervenir y durante la mañana la única actuación remarcable que se le puede atribuir fue justo después de un breve murmullo solicitar a la magistrada que se desalojara la sala. Petición que no se hizo.
Tras la declaración de la acusada fue el turno de la víctima la cual fue relatando entre llantos todos y cada uno de los presuntos desprecios, insultos y vejaciones perpetrados entre 1996 y 2005. “Tú no vales, te voy a cronometrar para que te dé tiempo, te prohíbo que cojas el teléfono, tonta, inútil, no sirves para nada”, éstas son algunas de las lindeces que aseguró la víctima que le profería la acusada.
La trabajadora aseguró que en más de una ocasión Casals le afirmó en el despacho: “Yo soy la jefa y tú una administrativa de mierda, hasta que no te abra un expediente no voy a parar”. La víctima aseguró que denunció los hechos pero que el superior jerárquico de Casals, el señor Benet no le cambió de lugar de trabajo.
“En la oficina nadie me hablaba, acercarse a mí era acercarse a un bicho raro”, afirmó la víctima poco antes de acabar el interrogatorio.

Una asociación contra el acoso laboral apoya en el juicio a la víctima
Instantes antes de que comenzara la vista oral, en la que por primera vez se juzgaba por la vía penal un caso de mobbig en la administración, la víctima recibió el apoyo de varios miembros de la asociación Contra l’Assetjament Moral (CLAM), que lucha para que no se produzcan casos de mobbing en los lugares de trabajo.
Los miembros de la asociación mostraron una pancarta en los pasillos de los juzgados y estuvieron presentes en el juicio.
Fiscalía asegura en su escrito de acusación que Casals mantuvo una actitud “continua de menosprecio y acoso contra la víctima para que abandonase el puesto de trabajo”.
Alguna compañera de trabajo aseguró ayer en la vista haber escuchado como Casals insultaba a la víctima.
La trabajadora cuando llegó Casals a Carreteras llevaba 20 años como asalariada en el mismo lugar sin “tener ningún problema con absolutamente nadie”.
La suerte de Casals está vista para sentencia.

http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.html?id=79162&seccio=sociedad&fecha=2008-01-29&sortida=03:00:00

El ministerio público también pide para la procesada el pago de 4.000 euros a la víctima, Begoña S., en concepto de indemnización por lesiones por 'una actitud continuada de desprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo'.

En la vista oral, la víctima ha declarado que los 'problemas' con Teresa C. comenzaron en 1999 y tres años después se convirtieron en 'insultos y amenazas diversas'.

La acusación particular pide para Teresa C. dos años y medio de cárcel, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y el pago de una indemnización de 140.000 euros.

El juicio por acoso laboral proseguirá durante lo que queda de semana.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/fiscal_carreteras_meses_responsable_acoso_2210149.htm

Los primeros médicos que declararon hoy en el primer juicio laboral que se celebra en España contra la Administración pública atribuyeron el estado de depresión que sufre la denunciante al acoso laboral que ha experimentado en el centro de trabajo durante su jornada laboral.

El primer médico que declaró es el psiquiatra de la Seguridad Social que atendió a la denunciante tras ser derivada por su médico de familia, Josep Maria Jové, quien atribuyó el trastorno depresivo de la mujer al trabajo. La segunda médico, la forense del juzgado Rosa Pérez, indicó al juez que la denunciante sufre un cuadro de ansiedad depresivo derivado del acoso psicológico en el entorno laboral por las vejaciones que ha recibido de su superior.

El juicio continuará durante los próximos días y hoy, durante un receso, la acusación particular anunció que rebajará la petición de cinco años de prisión para el superior de la denunciante a dos años y medio, por las vejaciones que recibió la denunciante de la jefa del Servicio de Carreteras de Lleida de la Conselleria de Política Territorial, por su trato a una trabajadora entre 1996 y 2005.

La vista oral, que empezó hoy, comenzó con la declaración de la acusada, Teresa C.E., que desde hace unos meses ya no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue trabajando para la Conselleria. En su declaración negó haber ordenado a la presunta víctima trabajos de inferior categoría, como los de conserje, ni haberla amenazado con expulsarla. 'Todavía no entiendo cómo ha ocurrido esto. ¿Cómo es posible que una persona a la que le he dedicado más que al resto, porque necesitaba más... No lo entiendo', declaró la acusada en el juicio.

La denunciante, B.S.M., que entró con 19 años a trabajar, entonces en el Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos aseguró que le llamaba 'tonta', le decía que no servía para nada, le cronometraba el tiempo, le obligó a hacer de conserje y le amenazó con abrirle un expediente, además de obligarle a archivar expedientes muy antiguos.

En su declaración aseguró que le gritaba en la sala de juntas y a puerta cerrada y que en una época le puso un supervisor. 'Tú no vales, te voy a cronometrar para que te dé tiempo', aseguró la denunciante que le dijo la acusada. 'Tonta inútil, no sirves para nada', dijo también.

Antes del juicio, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel y la acusación particular cinco. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 1996 y 2005 Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima una actitud continua de 'menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo'.

http://actualidad.terra.es/provincias/lleida/articulo/declaran_administracion_espana_2210236.htm

La Audiencia Provincial de Lérida, con fecha 25 de abril, ha emitido un auto de procesamiento penal contra Teresa Casals Escuer, jefa de Sección en Lérida de la Consejería de Política Territorial de la Generalitat, que lidera Joaquim Nadal Ferreres. Casals es cap de secció d’Actuació Administrativa i Regimen Sancionador del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, y la Sala de lo Penal de la Audiencia le acusa de un delito de coacciones a la funcionaria de la Consejería Begoña Solé. Tras un periodo de instrucción de dos años, los magistrados consideran que existen indicios de delitos y decretan la apertura de juicio oral.

En estos dos años, la demandante aportó dos actas de la Inspección de Trabajo, que concluyeron en dos sanciones administrativas a la Consejería por valor de 5.000 y 40.000 euros respectivamente, por un ataque directo a la dignidad de la trabajadora y por adjudicarle trabajo de inferior categoría a los que le corresponden, trabajos “inútiles y penosos” (en concreto archivar papeles del año 1936). Ejemplo: archivar el expedientes de licencias de concesión de gasolineras de antes de la Guerra Civil, una tarea absolutamente prioritaria en la Administración pública catalana.

En el juicio oral, además, la acusación particular solicita la ampliación de imputaciones a los delitos de lesiones y contra la integridad moral de la persona, acusaciones que no sólo pesaban sobre Teresa Casals sino sobre el máximo representante del conseller Nadal en Lérida, Jordi Benet y con su hombre de confianza José Suárez Gixé, hijo de José Suárez Peña, hasta hace un mes secretario general de la misma Consejería de Política Territorial.

La implicación del Tripartito en este primer caso de ‘mobbing’ es clara. De entrada, los querellados Benet, Casals y Suárez Gixé han sido defendidos en todo momento por la cúpula de la Generalitat, que, a pesar de tratarse de un caso penal, decidió asumir el coste de la defensa jurídica de los tres querellados, nada menos que con la asignación de la letrada Esther Capella Farré, presidenta de los Juristas Demócratas catalanes (asociación de letrados próximos al Tripartito), conocida por su participación en la ponencia del Estatut y propuesta por el Tripartido para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además, altos funcionarios de la Generalitat han presionado a la funcionaria para que retire su querella, e incluso han llegado a enviar mediadores, a partir del primer procesamiento del juez instructor. El temor del conseller Nadal, aún hombre fuerte del PSC, aunque políticamente disminuido tras el relevo de Pasqual Maragall por José Montilla, es que su hombre de confianza en Lérida, el precitado Jordi Benet, haya intervenido en el ‘mobbing’ a una trabajadora, en lo que sería la primera sentencia condenatoria por ‘mobbing’ en la Administración española.

Por si fuera poco, Joaquim Nadal ha seguido el caso de la persecución de Begoña Solé desde su comienzo, en el año 2004, cuando la propia funcionaria le entregó toda la documentación. Por otra parte, se da la circunstancia de que Nadal está preocupado por las actuaciones de su hombre en Lérida, Jordi Benet, quien fuera accionista de referencia de la controvertida concesionaria de obras Proyectec SA, de la que ya informara Hispanidad, y que actualmente continúa realizando trabajos para la Consejería en Lérida.

Tras la publicación de esta curiosa duplicidad: el delegado de obras Públicas de la Generalitat en Lérida es el fundador de una concesionaria de Obras Públicas que trabaja para la Generalitat. Antes de la publicación en este periódico electrónico del caso Proyectec, Benet había cedido su participación accionarial en la concesionaria a su hermana Inmaculada y hoy Proyectec es gestionada por su cuñado Antonio Vico Martín. En la Cataluña de hoy, marcada por el 3% de Maragall, casos como éste queman las manos. Por eso, resulta primordial para el actual presidente, José Montilla, que el presunto caso de 'mobbing' que salpica a la Conselleria de Política Territorial no termine en una sentencia condenatoria y, sobre todo, que la querella penal no se extrapole a toda la política de contratas del Gobierno catalán. Dicho de otra forma, Begoña Solé debía ser silenciada. Pero la Generalitat no contaba con la actitud decidida de la Inspección de Trabajo y de la forense-jefe de los juzgados leridanos, quienes han dictaminado las lesiones producidas por la conducta de los mencionados. O, al menos, por el momento, de Teresa Casals, que, para evitar riesgos mayores, ya ha sido discretamente relevada de su cargo en la Conselleria.
http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=17003

Condenada la jefa de Carreteres por ‘mobbing’ a una funcionaria

Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-02-20

“Debo condenar y condeno a Teresa Casals Escuer (la que fue jefa del Servei Territorial de Carreteres de Lleida) por una falta continuada de coacciones a la pena de multa de 20 días con una cuota diaria de 12 euros, con arresto sustitutorio de 10 días de privación de libertad en caso de impago y al pago de las costas, incluidas las de la Acusación Particular”, de esta forma la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 condenaba a la, ahora sí, protagonista del primer juicio por mobbing que lleva a un cargo de la administración a sentarse en el banquillo de los acusados de un juzgado penal en todo el Estado español. La condena no acabó aquí, sino que además la jueza ha condenado a la Generalitat a indemnizar a la víctima con 63.398,65 euros por los días de baja y las secuelas que padeció la víctima después de las coacciones continuadas que sufrió la funcionaria.

La jueza considera que la Generalitat hubiese podido atajar con un simple cambio de sección las coacciones. “Pero el Jefe del Departamento (Jordi Benet Llobera), al que todos se dirigían” para poner solución a los graves problemas de la víctima, “o bien no quiso o no pudo o delegó la decisión en la acusada (la misma Casals) lo que conllevó a que el problema no sólo continuara sino que se agravara notablemente”. Cabe remarcar que varios testigos, como el delegado de prevención de riesgos laborales, aseguraron en la vista oral que cuando se plantó al señor Benet que cambiase a la víctima de sección éste no quiso y delegó la decisión sobre la persona que estaba coaccionando a la víctima la acusada Teresa Casals. Un representante sindical también aseguró que Benet no quiso solucionar el problema. Incluso una inspectora laboral aseguró en sus actas que en mayo de 2004 Benet y Casals prohibieron la entrada al centro de trabajo a la víctima.
La actuación de la condenada y la del Jefe del Departamento ha llevado a la Generalitat a tener que abonar a la víctima más de 63.000 euros. No contentos con ello, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) envió ayer un comunicado a esta redacción aclarando: “La querella fue presentada por delito de coacciones y lesiones y se ha dictado finalmente una condena por falta de coacciones”. Lo que el comunicado oculta es que la misma jueza en la sentencia asegura que el llamado “mobbing no está definido como delito lo que entraña una dificultad valorativa... en definitiva el acoso moral en el trabajo debería ser objeto de protección penal... pero ello no significa que la ausencia de tipo específico impida la persecución de conductas acosadoras”. En definitiva, la magistrada consideró que los actos de Casals son constitutivos de infracción penal pero al no existir el tipo “mobbing” hecho mano a lo que consideró más cercano, es decir, falta continuada de coacciones.
Si la sentencia de la magistrada asegura que Benet estuvo al corriente de la situación y no puso los medios para solucionarla, la nota del Departament, resuelta en pocas líneas y sin adjuntar la sentencia, asegura por las buenas: “El DPTOP ha hecho en todo momento un seguimiento preciso del caso y desde que tuvo conocimiento ha llevado a cabo todas las actuaciones pertinentes para aclararlo, atender a las partes y conseguir una situación laboral no conflictiva”. No dice lo mismo ni la sentencia de una magistrada, ni varios testigos entre los que están compañeros de la víctima, inspectoras de trabajo, sindicatos y técnicos de riesgos laborales.
La nota del departament no acaba aquí, sino que dedica la última línea a anunciar: “recurriremos la sentencia”.

http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.html?id=79804&seccio=sociedad&fecha=2008-02-20&sortida=00:00:03

LOS IMPLICADOS

Teresa Casals Escuer - Consellería de Política Territorial de la Generalitat

Jordi Benet Llobera - Consellería de Política Territorial de la Generalitat y concesionaria de obras Proyectec SA

José Suárez Gixé - Consellería de Política Territorial de la Generalitat

José Suárez Peña - Consellería de Política Territorial de la Generalitat

Joaquim Nadal Ferreres - Consellería de Política Territorial de la Generalitat

Immaculada Benet Llobera -concesionaria de obras Proyectec SA (hna de Jordi Benet)

Antonio Vico Martín -concesionaria de obras Proyectec SA (cuñado de Jordi Benet)

José Montilla -President de la Generalitat